En cada presentación pública en Buenos Aires desde su llegada a Argentina al caer la tarde del domingo, el papa León XIV se refiere a la precaria situación socio-económica que atraviesa hoy el país.
Esa crisis está reflejada en datos que recoge el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que realizó un reporte especial en ocasión de la visita del Pontífice, la primera en 39 años desde que Juan Pablo II viajó a Argentina en 1987.
Las estadísticas muestran un deterioro simultáneo en las tres dimensiones que sostienen una vida digna: el trabajo, los ingresos y la protección social.
En el segmento dedicado al trabajo, CEPA precisa que de noviembre de 2023 a julio de 2026 se perdieron 32 mil 290 empresas, particularmente pequeñas y medianas, pero las grandes tampoco estuvieron exenta de ese desplome, y se esfumaron 437 mil 611 puestos registrados en unidades productivas.
Si se suman las trabajadoras de casas particulares, el empleo privado registrado cayó en 465 mil 811 personas, unas 480 por día. La industria perdió 108 mil puestos, la construcción (-81.089) y el transporte (-72.737) lideran las pérdidas, mientras la informalidad alcanzó el 45 por ciento de los ocupados en el segundo trimestre de 2026.
La desocupación llegó al 7,9 por ciento, con picos del 11,5 en el Gran Rosario y del 17,1 entre las mujeres de 14 a 29 años.
Respecto a los ingresos, el informe muestra que los salarios registrados, públicos y privados, están siete por ciento por debajo de noviembre de 2023. La caída es del 15,3 por ciento en el sector público y del 35,7 en la Administración Pública Nacional.
Las jubilaciones mínimas con bono están 19,2 por ciento por debajo del último trimestre de 2023. El bono permanece congelado en 70 mil pesos (45 dólares) desde marzo de 2024. De haberse actualizado como los haberes, hoy sería de 226 mil 875 (145 dólares); es decir, 156 mil 875 pesos mensuales más para quienes menos tienen, detalla CEPA.
El deterioro de los ingresos –advierte- empujó a las familias al endeudamiento. La pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones llevó a los hogares a recurrir al crédito para sostener el consumo y afrontar gastos cotidianos.
La morosidad bancaria alcanzó niveles históricos. En agosto de 2026 llegó al 12,8 por ciento, el registro más alto desde la crisis de 2001, cuando alcanzó el 32,7 en septiembre de 2003.
En cuanto a la protección social, el presupuesto de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia perdió 75 por ciento; la Pensión Universal para el Adulto Mayor, se precipitó 34 por ciento y las pensiones no contributivas, 24 puntos porcentuales, mientras la Secretaría Nacional de Discapacidad cayó 27 por ciento.
La atención a la salud en el territorio y la prevención de enfermedades crónicas no registran ejecución, y los fondos del Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte descendieron 53 por ciento, en tanto desapareció el 85 por ciento del presupuesto para becas estudiantiles.
Entre otros datos, CEPA detalla en su reporte especial que el programa de Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas se desmoronó 50,5 por ciento.
“Ponemos este informe en manos de Su Santidad con respeto y esperanza. Confiamos en que su palabra y su cercanía con los más humildes de nuestro pueblo, en la tradición de Francisco, sigan recordándonos a todos que nadie puede ser considerado un descarte, y que la justicia social no es una concesión, sino una deuda”, enfatiza CEPA.
Este documento aspira –concluye- a que la deliberación democrática ponga en el centro a quienes hoy están más expuestos: los jubilados que dependen del haber mínimo, los trabajadores informales y desocupados, las mujeres y los jóvenes, las niñas y los niños, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.
Fuente: Prensa Latina