La senadora boliviana y ex alcaldesa de Vinto Patricia Arce pedirá la ampliación de las investigaciones contra sus agresores en Cochabamba durante el golpe de Estado de 2019, confirmó este miércoles en declaraciones a la televisión.
“Las víctimas de ese entonces clamamos justicia, las mamás, los papás, los hijos que han quedado huérfanos, clamamos justicia y lo único que queremos es que todas aquellas personas que han estado involucradas en esos hechos de delincuencia puedan pagar sus culpas», aseguró en entrevista al canal estatal Bolivia TV.
Durante las revueltas que desembocaron en la renuncia del ex presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, una turba ocupó violentamente el edificio municipal de Vinto y sacó por la fuerza a la entonces burgomaestre con los pies descalzos y la obligaron a caminar cinco kilómetros sobre piedras.
Además de golpearla, le cortaron el cabello y la bañaron con pintura roja en un acto vejatorio filmado que mediante Internet dio la vuelta al mundo y fue condenado por organismos internacionales e instituciones de derechos humanos.
En el contexto de las investigaciones de estos hechos, el Tribunal de Sentencia 1 de Quillacollo determinó este lunes la detención preventiva de Edson Padilla P., uno de los autores principales de esas agresiones.
Otra de las responsables de ese ataque y que fue identificada por Arce sería Milena Soto, cabecilla del grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala (RJC), una de las fuerzas de choque del golpismo en 2019.
Soto fue aprehendida en septiembre de 2021, acusada por los delitos de organización criminal, privación de libertad, lesiones graves y leves, delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas.
Esa aprehensión se ejecutó en la casa de la jefa extremista en la ciudad de Cochabamba, donde se encontraba con detención domiciliaria, acusada por atacar las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en Sucre, Chuquisaca, en octubre de 2020.
Junto a otros integrantes de la RJC ella fue imputada por varios delitos, entre ellos el ataque de cientos de motociclistas que vejaron a manifestantes campesinas e indígenas que llegaron al centro de Cochabamba para expresar su rechazo al golpe de Estado.
La RJC también es investigada por beneficiarse del desvío de combustible en que incurría la Séptima División de las Fuerzas Armadas en Cochabamba.
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo denunciaron las agresiones, ataques y abusos que cometieron integrantes de la RJC durante el régimen de Áñez.
Source: Prensa Latina
