Las autoridades bahreiníes condenaron el lunes a 64 personas a cadena perpetua y a otras cinco a 15 años de prisión en un juicio colectivo contra clérigos chiíes, lo que ha provocado indignación ante lo que se percibe como una persecución sectaria.
El Tribunal Penal Superior de Bahrein condenó el lunes a 64 acusados a cadena perpetua y a otros cinco a 15 años de cárcel en un juicio masivo que involucró a 60 clérigos chiíes y a nueve personas vinculadas a ellos.
Entre los condenados se encuentra la máxima autoridad religiosa chií de Bahrein, el ayatolá sheij Isa al Qassem, quien recibió una sentencia de cadena perpetua en rebeldía.
Según información publicada por Sayyed Ahmed Al-Wadaei, director de incidencia política del Instituto de Bahrein para los Derechos y la Democracia (BIRD, por sus siglas en inglés), 56 acusados se encuentran bajo custodia, mientras que 13 clérigos fueron juzgados en rebeldía. Los acusados enfrentaron cargos relacionados con el «terrorismo», que incluyen la supuesta «creación de una organización para derrocar el orden constitucional y promover la doctrina iraní del Vilayat-e Faqih a través de instituciones religiosas».
La información compartida por Al-Wadaei detalla graves denuncias —documentadas por el BIRD— sobre torturas, confesiones obtenidas bajo coacción, detenciones secretas y severas restricciones al acceso a representación legal.
Los acusados denunciaron haber sido mantenidos con los ojos vendados durante periodos prolongados, privados de sueño, obligados a permanecer de pie, amenazados con violencia sexual y presionados para firmar declaraciones que no se les permitió leer. A los abogados defensores se les negó el acceso a copias de los expedientes judiciales, que superaban las 6700 páginas, mientras que los acusados detenidos comparecieron de forma remota.
El veredicto estaba programado inicialmente para el 8 de noviembre; posteriormente se pospuso al 22 de noviembre y, finalmente, se adelantó de forma repentina al 16 de noviembre, notificándose a los abogados aproximadamente a las 17:00 horas de la tarde anterior.
La noticia del repentino cambio de fecha provocó protestas en zonas de mayoría chií, entre ellas Sitra, Al Hamala, Bilad Al Qadeem, A’Ali, Karranah, Samaheej y Abu Saiba.
La fiscalía también tomó como objetivo a destacadas figuras religiosas, como sheij Mohammed Sanqour y sheij Ali Al-Sadadi, de la Gran Mezquita del Imán Al-Sadiq, en Diraz. La organización BIRD destacó el caso del sheij Mohammed Saeed Al-Taitoon, de 62 años, quien denunció haber sufrido graves maltratos y negligencia médica durante su detención; por su parte, la Unidad Especial de Investigación de Baréin desestimó sus acusaciones de tortura.
Al-Wadaei calificó el veredicto de «ataque a la fe y a la identidad de la comunidad chií de Bahrein», e instó a Estados Unidos y al Reino Unido a exigir el fin de la persecución y la liberación de los clérigos detenidos arbitrariamente. Asimismo, advirtió que la retórica antiiraní del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, corría el riesgo de envalentonar a las autoridades bareiníes.
Por otra parte, 20 organizaciones de derechos humanos —entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch— ya habían advertido anteriormente que los procesos judiciales masivos suscitaban graves preocupaciones en torno a la persecución religiosa.
La semana pasada, Hezbolá condenó la represión ejercida por las autoridades bahreiníes contra la disidencia política, denunciando la detención de eruditos religiosos y figuras públicas, las deportaciones forzosas, la revocación de la ciudadanía y las condenas a muerte dictadas contra ciudadanos como una forma inaceptable de opresión política y de violación de los derechos humanos.
Reacciones
La Sociedad Islámica Nacional Al-Wefaq, que forma parte de la oposición en Bahrein, denunció las sentencias como un castigo colectivo y una persecución sistemática contra la comunidad chií del país, calificando el 16 de noviembre como un «día de catástrofe».
El grupo acusó a las autoridades gobernantes de utilizar el poder judicial para reprimir a los líderes religiosos y a la disidencia política, advirtiendo que los veredictos han socavado aún más las perspectivas de reconciliación.
Yahya Al-Hadid, presidente del Instituto del Golfo para la Democracia y los Derechos Humanos, condenó asimismo las cadenas perpetuas impuestas sheij Isa Qassem y a decenas de eruditos, señalándolas como prueba de una intensificación de la represión estatal.
Los veredictos han provocado convocatorias de protestas en todo el país. Grupos de la oposición bahreiní han declarado ilegítimos los juicios y han acusado a las autoridades de atacar a un sector importante de la población.
Los organizadores de la “Jornada de la Ira Popular” convocaron manifestaciones en ciudades y pueblos en solidaridad con el clero. Por otra parte, se informó que las autoridades de la prisión central de Jaw habían declarado el estado de emergencia y suspendido las visitas y los traslados de presos.
BIRD exigió investigaciones independientes sobre la tortura y las confesiones obtenidas bajo coacción, la rendición de cuentas de los funcionarios implicados en los abusos y la anulación de las condenas dictadas mediante procedimientos fundamentalmente injustos.
Fuente: Al Manar
