El miércoles, una coalición de contribuyentes estadounidenses solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que emitiera órdenes de arresto contra el presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, por su apoyo a la ofensiva genocida de Israel en Gaza.
La Alianza de Contribuyentes contra el Genocidio (TAAG), integrada por abogados y activistas de derechos humanos, presentó oficialmente ante la CPI grabaciones de vídeo, testimonios de testigos presenciales y otras pruebas.
Recientemente, la TAAG obtuvo un fallo preliminar que bloqueaba una orden ejecutiva de Donald Trump destinada a sancionar a grupos de derechos humanos y otras entidades que colaboran con la CPI, institución que la administración Trump busca desmantelar activamente.
El documento de 28 páginas de esta coalición detalla las acciones de Trump y Rubio en apoyo de los devastadores ataques que el gobierno israelí lleva a cabo en Gaza y en Cisjordania, territorio ilegalmente ocupado.
Según el documento, Trump “autorizó y facilitó personalmente la entrega al ejército israelí de aproximadamente 1.800 bombas MK-84, cada una con un peso de 900 kg (2.000 libras), cuya transferencia había sido bloqueada previamente”.
También “levantó las sanciones impuestas en Cisjordania a personas y entidades que EEUU había identificado oficialmente como involucradas en actos de violencia y saqueo”.
“Estos actos de asistencia material han tenido un impacto significativo en la capacidad de Israel para llevar a cabo operaciones militares en Gaza, así como en la capacidad de los actores sancionados para continuar con su violencia en Cisjordania”, afirma el documento.
En cuanto a Rubio, “la evidencia recabada indica autorizaciones, emitidas por el Departamento de Estado y la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA), para importantes ventas de armas a Israel después de febrero de 2025. Estas incluyen misiles Hellfire, municiones, kits de guiado, cohetes, equipo de apoyo para municiones, así como una gran cantidad de ojivas de bombas de 900 kg (2.000 libras) y ojivas perforantes”.
“El Fiscal [de la CPI] debe determinar si el Secretario Rubio aprobó o agilizó el suministro de municiones cuyo uso anterior ha causado daños demostrables a la población civil y ha suscitado preocupación por violaciones del derecho internacional humanitario”, afirma el documento.
Seth Donnelly, cofundador de TAAG, declaró en una conferencia de prensa en La Haya el miércoles: “Instamos a la Fiscalía a actuar con celeridad sobre estas pruebas”. “Estas pruebas incluyen declaraciones juradas de médicos que trabajaron en Gaza, testimonios directos de testigos presenciales, denuncias de informantes, vídeos y amplia documentación sobre el apoyo político, militar, diplomático y financiero proporcionado por EEUU a Israel”, declaró Donnelly.
La delegación que inició esta remisión a la CPI también incluyó a la abogada de derechos humanos Huwaida Arraf, a la escritora palestino-estadounidense Susan Abulhawa y al Dr. Feroze Sidhwa, cirujano traumatólogo que ejerció en Gaza.
«Aviones estadounidenses, utilizando combustible estadounidense, lanzan bombas estadounidenses —guiadas por sistemas estadounidenses— sobre objetivos seleccionados, en su mayoría, mediante software desarrollado en EEUU», declaró el Dr. Sidhwa. «Espero que estos intentos de restaurar —o quizás establecer— el estado de derecho dentro del sistema internacional, estos intentos de exigir responsabilidades a los poderosos —algo que lamentablemente no hemos logrado en nuestra propia sociedad— puedan constituir una resistencia efectiva contra las fuerzas fascistas que actualmente se extienden por todo el mundo».
Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, acogió con beneplácito la iniciativa de la delegación y declaró en una conferencia de prensa el miércoles que «el derecho internacional sigue siendo el último instrumento pacífico que tenemos para enfrentar la injusticia y construir un camino hacia el futuro».
«Existen las herramientas legales. No son las únicas, pero son herramientas pacíficas», afirmó Albanese. «Lo que falta es el coraje político para utilizarlas. Es precisamente este coraje político el que demuestra la Alianza de Contribuyentes contra el Genocidio. Y por eso la reunión de hoy es importante».
«EEUU continúa armando a Israel, protegiendo a los responsables de sus crímenes y permitiendo que individuos y corporaciones se beneficien de la comisión de estos actos», añadió. «Seamos claros: el genocidio del pueblo palestino no habría sido posible sin el apoyo incondicional de EEUU».
Fuente: Common Dreams