Las relaciones transatlánticas, en particular dentro del núcleo anglosajón, están experimentando una reestructuración potencialmente histórica. Con el auge de las políticas asertivas de EEUU bajo la presidencia de Donald Trump, las capitales aliadas (Londres y Ottawa) han optado por superar la dependencia tradicional y adoptar estrategias más defensivas para salvaguardar sus intereses económicos y soberanos. Las señales de esta ruptura fueron evidentes en los debates de la Cámara de los Comunes en Londres, en los salones de Davos y en las decisiones soberanas de Gran Bretaña y Canadá de abrir sus puertas a la influencia china como contrapeso a la presión estadounidense.
El Palacio de Westminster, sede del Parlamento inglés, fue escenario ayer de un espectáculo político casi sin precedentes. El primer ministro británico, Keir Starmer, compareció ante los miembros del Parlamento para reafirmar la firmeza del Reino Unido ante las amenazas arancelarias estadounidenses relacionadas con Groenlandia. En respuesta a las preguntas de la líder de la oposición, Kemi Paddock (Partido Conservador), Starmer adoptó un tono desafiante y decidido, declarando el compromiso de principios de su gobierno con la soberanía de Groenlandia y el derecho exclusivo de sus habitantes y del Reino de Dinamarca a la autodeterminación.
El primer ministro vinculó la repentina escalada estadounidense respecto al acuerdo de las Islas Chagos con las ambiciones en el Ártico, afirmando que la descripción que Trump hizo del acuerdo de las Islas Chagos como una «gran estupidez» —tras su apoyo previo— era una maniobra transparente destinada a chantajear a Londres y obligarlo a ceder en la cuestión de Groenlandia. Ante esta presión económica y política, Starmer declaró que Gran Bretaña continuaría su camino independiente, rechazando ceder ante las amenazas. Este enfrentamiento se produce en un contexto de apremiantes condiciones económicas internas, ya que los datos publicados ayer por la mañana por la Oficina Nacional de Estadística mostraron un aumento de la inflación del 3,4%, lo que añade nuevas cargas al gobierno y a la clase trabajadora, y complica los cálculos para la confrontación económica con Washington.
En un acontecimiento relacionado con las tensas relaciones, Starmer se enfrenta a otra prueba delicada: la invitación del presidente estadounidense para unirse al llamado «Consejo de Paz» en Gaza. Información de Downing Street indica que Gran Bretaña se inclina por rechazar su membresía en este nuevo organismo por dos razones principales. En primer lugar, existen fuertes reservas sobre la exorbitante cuota de membresía de mil millones de dólares exigida por Trump para un puesto permanente. Londres la considera una carga injustificada para el erario público y el dinero de los contribuyentes, prefiriendo asignar recursos a las prioridades domésticas. En segundo lugar, la presencia del presidente ruso Vladímir Putin como posible miembro del consejo supondría una importante vergüenza política para el gobierno británico tras años de demonizar sistemáticamente todo lo ruso.
Las clases dominantes y las élites financieras de Gran Bretaña y Canadá se enfrentan a una amenaza existencial
Paralelamente a la «batalla de Groenlandia», Londres dio un paso práctico para romper el cerco estadounidense al fortalecer su alianza con China. El gobierno británico otorgó la aprobación final a Pekín para construir una enorme embajada en el histórico edificio de la Royal Mint Court, junto al Tower Bridge y en pleno corazón del distrito financiero de Londres. Esta decisión ignoró descaradamente las reiteradas advertencias estadounidenses, basadas en la proximidad del lugar a cables de comunicaciones vitales e infraestructura digital sensible, lo que podría convertirlo en un foco de espionaje. Sin embargo, basándose en una evaluación de seguridad presentada por el jefe de inteligencia nacional y el director del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ), Londres decidió priorizar sus intereses e iniciar una nueva fase de cooperación con China.
Esta medida, que precede a la esperada visita de Starmer a Pekín, se interpreta como un intento del capitalismo británico de diversificar sus opciones estratégicas. Bajo la amenaza de los aranceles estadounidenses, atraer la inversión china y facilitar el comercio con Pekín se ha vuelto imperativo para garantizar la continuidad del ciclo económico británico y mantener la posición de la City de Londres como centro financiero global, libre de la dependencia total de las volátiles decisiones estadounidenses.
En Davos, donde se celebra el Foro Económico Mundial, la división anglosajona adquiere dimensiones más pronunciadas y visibles, algunas de las cuales se manifestaron en presencia de la ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, quien envió un mensaje a los inversores: Gran Bretaña se niega a ser «dependiente» e insiste en proteger sus intereses comerciales.
Pero el acontecimiento más significativo fue el «levantamiento» canadiense, con el discurso crucial del primer ministro canadiense, Mark Carney, que declaró el fin de la era de la Pax Americana e instó a las potencias centristas a unirse. Canadá pasó de la retórica a la acción al firmar un acuerdo de asociación estratégica con China, permitiendo la entrada de vehículos eléctricos chinos a sus mercados, en franco desafío a las políticas proteccionistas estadounidenses destinadas a aislar a Pekín.
El asunto parece ir más allá de los simples desacuerdos diplomáticos para tocar la esencia de las contradicciones económicas entre el centro y la periferia. En su contexto objetivo, se acerca más a las manifestaciones de una «crisis estructural» que actualmente afecta al sistema capitalista occidental. Las políticas de la actual administración estadounidense representan un cambio cualitativo hacia un «capitalismo depredador», mediante el cual EEUU compensa la disminución de la rentabilidad y las presiones de la feroz competencia internacional explotando a sus aliados y apoderándose directamente de sus recursos y mercados, transformando así a sus socios tradicionales en una esfera de influencia que debe ser controlada.
Por el contrario, las clases dominantes y las élites financieras en Gran Bretaña, Canadá y otros países se enfrentan a una amenaza existencial. Someterse a las exigencias estadounidenses significaría transformar a estos países en meros territorios económicos subordinados a las corporaciones estadounidenses y despojar a sus élites económicas nacionales de su poder de decisión independiente y de su capacidad para generar ganancias. Por lo tanto, la «resistencia» de Starmer y el «levantamiento» de Carney representan una reacción defensiva instintiva de estas clases, que luchan por preservar su existencia independiente.
Fuente: Al-Akhbar