El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York tras su secuestro por comandos especializados del ejército de Estados Unidos en una operación militar ejecutada en territorio venezolano. El mandatario se declaró «prisionero de guerra» y rechazó categóricamente los cargos presentados en su contra, reafirmando su condición de jefe de Estado legítimo de la República Bolivariana.
«Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas», declaró el líder venezolano ante el juez, describiendo las circunstancias de su detención como una acción militar que violenta su inmunidad presidencial y la soberanía de su país. La declaración establece el marco bajo el cual Maduro interpreta jurídicamente su situación: no como un acusado criminal, sino como un mandatario secuestrado en medio de un conflicto internacional.
La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos en su contra y pidió una visita consular para ella y para el presidente Maduro.
Durante su comparecencia judicial, el presidente venezolano fue contundente al rechazar las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense. «No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país«, afirmó Maduro ante el magistrado, estableciendo una distinción fundamental entre su rol como jefe de Estado electo democráticamente y los cargos que Washington intenta imputarle.
El equipo legal del mandatario venezolano planteó temas pendientes relacionados con la inmunidad presidencial y la legalidad de la detención. Un aspecto jurídicamente crucial durante la audiencia: el presidente señaló no conocer previamente los cargos que le imputaban. Este dato resulta fundamental en términos procesales, ya que según el derecho internacional y las garantías del debido proceso, todo acusado debe ser notificado formalmente de los cargos en su contra antes de ser sometido a detención o comparecencia judicial.
La primera combatiente de Venezuela y primera dama, Cilia Flores, quien fue capturada junto al presidente Maduro durante el asalto y bombardeo militar perpetrado por las fuerzas armadas estadounidenses, sufre «lesiones importantes» que no han recibido atención médica adecuada desde su secuestro el pasado sábado en la madrugada.
La información fue divulgada por el abogado de Flores, Mark Donnelly, quien señaló que las lesiones sufridas por la esposa de Maduro «se pueden ver» y describió las heridas como «importantes». La primera dama lleva casi tres días sin asistencia médica, situación que constituye una violación flagrante de más de cuatro convenciones internacionales sobre el trato a personas detenidas y prisioneros.
Donnelly detalló que Flores podría tener alguna fractura en su cuerpo así como posiblemente un hematoma severo en las costillas, por lo que resulta imperativo que sea sometida a una evaluación física completa. El juez Hellerstein indicó a la defensa coordinar con la fiscalía para garantizar la atención médica necesaria, aunque no se especificó el origen de esas heridas ni se estableció un plazo concreto para la evaluación.
Las Convenciones de Ginebra y otros tratados internacionales establecen obligaciones claras sobre el trato humanitario a personas capturadas, incluyendo el acceso inmediato a atención médica cuando sea necesario.
El juez ratificó el derecho de ambos detenidos a comunicarse con sus funcionarios consulares, una prerrogativa fundamental establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El presidente Maduro expresó que le gustaría recibir esa visita consular, ejerciendo un derecho básico reconocido internacionalmente para cualquier persona detenida en territorio extranjero.
La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo a las 11:00 horas, estableciendo un plazo de más de dos meses durante los cuales tanto el presidente como la primera combatiente permanecerán bajo custodia estadounidense.
De manera simultanea, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, reiteró la vocación de paz de la nación sudamericana y presentó las solicitudes urgentes: «Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas.»
La primera de ellas insta al gobierno de los Estados Unidos de América a garantizar el respeto pleno de las inmunidades diplomáticas que corresponden al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores. Esta demanda incluye la liberación inmediata de cualquier acción en su contra y su retorno seguro a la República Bolivariana de Venezuela, en apego a las normativas internacionales.
El secuestro del presidente Nicolás Maduro ocurrió el pasado 3 de enero de 2026 cuando comandos especializados del ejército estadounidense ejecutaron una incursión militar en su residencia de Caracas.
Desde Caracas, las autoridades venezolanas denunciaron inmediatamente la operación como un intento de «descabezar» al gobierno bolivariano, generar una crisis institucional y allanar el camino para imponer un ejecutivo controlado desde Washington. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela respondió ordenando que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumiera todas las funciones presidenciales en condición de encargada, garantizando así la continuidad institucional del Estado.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez presidió este domingo el Consejo de Ministros número 757, demostrando la operatividad plena del aparato estatal venezolano. La sesión ministerial, que contó con la participación de los vicepresidentes sectoriales y ministros de áreas estratégicas, significando la estabilidad y gobernabilidad frente a la agresión externa.
Fuente: Agencias