El gobierno libanés debe tomar medidas concretas e inmediatas para garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación a miles de víctimas civiles de abusos derivados de la guerra israelí, según declararon hoy cinco organizaciones libanesas e internacionales de derechos humanos en una carta dirigida al ministro de justicia y al viceprimer ministro libanés, quien preside el Comité Nacional de Derecho Internacional Humanitario del Líbano.
Las organizaciones son Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Legal Agenda, la Unión de Periodistas del Líbano y Reporteros sin Fronteras.
Un año después de la fecha límite para que Israel retirara sus tropas del sur del Líbano, los continuos ataques israelíes y la destrucción a gran escala de infraestructuras han impedido que decenas de miles de personas regresen a sus hogares o reconstruyan sus vidas. Israel ha llevado a cabo ataques casi a diario en el Líbano, matando a más de 380 personas, incluidos al menos 127 civiles, desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego. El ejército israelí permanece en partes del territorio libanés y ha continuado destruyendo extensamente estructuras civiles a lo largo de la frontera, dejando a comunidades enteras lidiando con la destrucción y las pérdidas.
El gobierno libanés está ignorando un conjunto concreto de acciones legales que podría haber tomado durante el último año, comenzando con investigaciones nacionales y aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes internacionales cometidos en el Líbano, afirmaron las organizaciones. Ahora deberían actuar con urgencia.
Las organizaciones instan al gobierno libanés a explorar todas las vías legales disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar que los crímenes de derecho internacional sean investigados y enjuiciados. Una medida crucial que el gobierno podría tomar de inmediato es presentar una declaración ante la CPI, aceptando la jurisdicción de la corte en virtud del artículo 12(3) de su tratado, el Estatuto de Roma, para investigar y enjuiciar los crímenes de derecho internacional cometidos en territorio libanés desde al menos el 7 de octubre de 2023. El gobierno también debería considerar la ratificación del Estatuto de Roma.
El gobierno debe apoyar el establecimiento de investigaciones judiciales nacionales prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre los crímenes de guerra cometidos en territorio libanés, afirmaron los grupos. Esto incluye proporcionar a los investigadores judiciales la autoridad, la protección y los recursos necesarios para realizar su trabajo de forma eficaz e imparcial. Para proporcionar un marco jurídico a estas iniciativas, el gobierno debe promulgar y presentar urgentemente en el parlamento una ley que penalice los crímenes de guerra y otros actos considerados delitos de derecho internacional.
El gobierno debería establecer un registro para registrar todos los asesinatos, lesiones y otros daños a la población civil, e invitar al relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación.
El gobierno libanés tiene la oportunidad de dar pasos históricos para desmantelar la arraigada impunidad que ha caracterizado los anteriores períodos de conflicto armado en el país, afirmaron las organizaciones. De esta manera, puede empezar a sentar las bases para que las víctimas y las comunidades afectadas ejerzan plenamente su derecho a la justicia, la verdad y la reparación, y puedan reconstruir sus vidas.
Otros países, especialmente Estados Unidos, deberían suspender de inmediato todas las transferencias de armas y otras formas de asistencia militar a Israel, debido al riesgo significativo de que estas armas puedan utilizarse para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional, afirmaron los grupos.
Dado el prolongado patrón de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas israelíes en el Líbano y otros lugares, otros países también deberían intensificar urgentemente sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas, incluso ejerciendo la jurisdicción universal u otras formas de jurisdicción extraterritorial para investigar las violaciones que constituyan crímenes internacionales graves y, cuando existan pruebas suficientes, iniciar acciones judiciales. El gobierno del Líbano debería cooperar plenamente con estos esfuerzos.
«Israel» debe permitir de inmediato el regreso seguro de los libaneses que aún se encuentran desplazados de sus aldeas y proporcionar reparaciones completas, efectivas y adecuadas por todas las graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos cometidas por sus fuerzas armadas. Para miles de familias, el posalto el fuego no ha significado seguridad ni estabilidad. Ha significado un desplazamiento prolongado, la devastación de sus medios de vida y la angustia de vivir en el limbo, mientras que la rendición de cuentas y las reparaciones no se vislumbran.
Fuente: Al Manar