La presidenta peruana, Dina Boluarte, declinó comentar la difusión de informes de las necropsias de 18 cadáveres de civiles ultimados en la ciudad surandina de Juliaca, con proyectiles de armas de uso policial.
Las muertes se registraron el 9 de enero en el aeropuerto de esa ciudad de la región de Puno, bastión de las protestas que demandan la renuncia de la mandataria que el 7 de diciembre reemplazó a Pedro Castillo, cuya destitución y prisión desató las manifestaciones.
La gobernante solo dijo que el Gobierno espera las conclusiones de la investigación del Ministerio Público al respecto. “Sobre ello, daremos la respuesta que corresponda”, expresó sin más comentarios.
Posteriormente, declaró que las muertes le duelen e insistió en que las protestas fueron manejadas por una minoría radical y violenta que manipulaban a la mayoría, la cual participaba creyendo que lo hacían por mejoras sociales, ninguna esgrimida por los manifestantes.
Insistió en su rechazo a tratar los reclamos políticos de las protestas, que además incluyen prontas elecciones del nuevo presidente y nuevos congresistas, así como un referendo sobre la Asamblea Constituyente, puntos que, afirmó, no están en sus facultades resolver, pero sí reclamos de obras públicas.
El diario La República, que accedió a los informes de autopsias de los caídos en Juliaca, señaló que, si bien están pendientes los peritajes balísticos, todo indica que las balas encontradas salieron de fusiles AKM y otras armas que suele usar la Policía Nacional.
Los documentos precisan que, de las 18 víctimas, 11 recibieron las balas desde el frente, otras seis en la espalda -cuando huían- y una murió por una descarga de perdigones de metal, prohibidos en los protocolos oficiales de la Policía.
Consignan también que el cuerpo del joven manifestante Gabriel López Amanqui tenía 72 orificios de perdigones de metal -de uso policial oficialmente prohibido-, lo cual significa que fueron disparados desde muy cerca.
Otro de los caídos, Elmer Leonardo Huanca, de 16 años, pereció por una bala calibre 7,62 mm (milímetros) en el pulmón, proyectil que corresponde a los fusiles de reglamento de la Policía.
Jamileth Aroquipa Hancco, de solo 17 años, fue abatida por una bala calibre 9 mm, que abastece a las pistolas Beretta o SIG Sauer, usadas también por los uniformados.
Según los informes, la Fiscalía tiene además la lista de los policías y militares que participaron en las operaciones del aeropuerto de Juliaca y sus posiciones en la terminal.
Desde el inicio de las protestas han muerto 48 civiles, un policía fue asesinado y 11 civiles fallecieron en accidentes y otras circunstancias vinculadas a las manifestaciones de descontento.
Source: Prensa Latina
