El gabinete sionista aprobó el domingo una propuesta del llamado “ministro de Justicia”, Yariv Levin, para revisar los procedimientos de destitución de la fiscal general Gali Baharav-Miara, sentando las bases para una audiencia formal que podría conducir a su destitución.
Tras la aprobación, Levin instó a los ministros del gobierno a convocar una audiencia para Baharav-Miara como parte del proceso de destitución, una medida que intensifica aún más la confrontación continua del gobierno con el sistema judicial.
Levin inició los esfuerzos para destituir a Gali Baharav-Miara en marzo, difundiendo una propuesta entre los miembros del gabinete para retirarle la confianza. Alegó “conducta inapropiada” y “desacuerdos fundamentales y de larga data” con el gobierno como justificación para su destitución.
Exfuncionarios jurídicos advierten sobre graves consecuencias
En una respuesta inusual y coordinada, siete exfuncionarios jurídicos de alto rango, incluido el expresidente de la Corte Suprema sionista, Aharon Barak, firmaron una petición el 20 de marzo advirtiendo que no existe fundamento legal para el despido de Baharav-Miara. Argumentaron que tal medida socavaría gravemente el Estado de derecho en la entidad sionista.
Los firmantes, entre los que también se encontraban exfiscales generales y asesores jurídicos sionistas como Elyakim Rubinstein, Meni Mazuz, Yehuda Weinstein y Avichai Mandelblit, declararon que habían estado monitoreando de cerca el desempeño de Baharav-Miara y que su conducta se ajustaba a las normas legales.
“Se enfrenta a desafíos extraordinarios y sin precedentes”, escribieron.
“En nuestra opinión, está cumpliendo con sus responsabilidades de conformidad con los principios del derecho, actuando como asesora jurídica del gobierno y defensora del Estado de derecho”.
Destacaron que Baharav-Miara ha demostrado un compromiso con la ley, sin temor ni favoritismo, y añadieron que su conducta merece respeto, no la destitución. La disputa entre el gobierno y la fiscal general, señalaron, refleja la resistencia del gobierno a las restricciones legales, más que cualquier omisión por su parte.
“La función de la fiscal general es brindar asesoramiento legal al gobierno dentro del marco de la ley y actuar como la principal guardiana de las normas legales en nombre del público”, continuaba la petición.
“Su destitución no solo perjudicaría el Estado de derecho, sino que también socavaría la independencia profesional del sistema de asesoría legal y debilitaría su capacidad de funcionamiento”.
La controversia se profundiza antes de la audiencia
Antes de la votación, el Canal 12 israelí informó que el gabinete había iniciado deliberaciones formales para modificar el marco legal para la destitución de la fiscal general. Baharav-Miara se negó a asistir a la sesión, declarando ilegal la decisión de modificar su proceso de destitución.
A finales de marzo, el gabinete ya había votado por unanimidad, y en su ausencia, retirarle la confianza a Baharav-Miara. Según Israel Hayom, el gobierno decidió proceder con su destitución poco después.
En una carta enviada antes de dicha sesión, Baharav-Miara rechazó su legitimidad, subrayando que la reunión carecía de fundamento legal.
Tras la votación, el ministro de Justicia sionista, Levin, emitió un comunicado en el que afirmaba que las acciones del gobierno se justificaban por su comportamiento inapropiado y sus profundos desacuerdos con el gabinete.
El enfrentamiento marca una escalada significativa en el esfuerzo general del gobierno liderado por Netanyahu por remodelar el poder judicial del enemigo sionista, una campaña que ha suscitado fuertes críticas nacionales e internacionales por amenazar la independencia judicial y las normas democráticas.
Source: Al Manar
