En el cumpleaños del fallecido líder Hugo Chávez, los venezolanos votaron este domingo para dar la victoria al presidente Nicolás Maduro, en una elección presidencial en la que EEUU y sus agentes hicieron todo lo posible para derrotar al actual mandatario y sucesor de Chávez, que se postulaba para la reelección, y beneficiar al diplomático retirado Edmundo González.
En las últimas semanas, aparecieron varias encuestas de opinión, cuyo financiamiento se desconoce y que afirmaban que González, un personaje poco conocido, aventajaba a Maduro por nada menos que 20 puntos porcentuales. Funcionarios de la campaña del presidente Maduro denunciaron que tales supuestas encuestas eran solo una parte de un intenso esfuerzo liderado por Washington para derrocar al chavismo y devolver a Venezuela al control estadounidense.
González fue convocado apresuradamente por las fuerzas de oposición para reemplazar a la candidata anterior, la congresista María Corina Machado, a quien se prohibió postularse tras la revelación de irregularidades que cometió en las elecciones primarias del pasado octubre.
La oposición y EEUU apostaron por el cansancio de los venezolanos por las difíciles condiciones de vida creadas por las sanciones estadounidenses para poner fin al gobierno de Maduro y la Revolución Bolivariana y colocar en el poder a González, quien prometió formar un gobierno que seguiría las directrices de Machado, hija del magnate del acero Henrique Machado Zuloaga, sobre la privatización y la liberalización económica, un programa típico neoliberal que tendría un fuerte impacto negativo sobre las clases populares en Venezuela.
El principal objeto de esta privatización sería el petróleo, que habría quedado bajo el control de la oligarquía local y las corporaciones estadounidenses, privando así al pueblo venezolano de un activo fundamental para su desarrollo económico y social. Venezuela es el país que cuenta con las mayores reservas de crudo, que ascienten a unos 304.000 millones de barriles, lo que equivale al 18 % del total del petróleo mundial. Sin embargo, el bloqueo y las sanciones estadounidenses han paralizado esta industria esencial.
EEUU está empleando una estrategia deliberada para combatir los regímenes políticos que le son hostiles, intentando dañar sus economías e imponiéndoles sanciones. A lo largo de los años, ha impuesto más de 350 sanciones económicas a Caracas, además de confiscar sus vastos activos en bancos estadounidenses en un intento frustado de obligar a los venezolanos a derrocar a su gobierno.
Un aspecto importante a destacar es que las fuerzas armadas venezolanas han rechazado los intentos de EEUU y sus agentes en Venezuela de implicarlas en planes golpistas para derrocar al gobierno bolivariano elegido democráticamente. El ejemplo de Bolivia muestra que el golpismo sigue siendo un instrumento utilizado por las oligarquías de la región y sus aliados estadounidenses para derrocar a los gobiernos populares y progresistas en América Latina.
Otra estrategia es la de intentar deslegitimar las elecciones. Cabe recordar que Hugo Chávez fue el único presidente en el mundo que se sometió a un referéndum sobre su continuidad a mitad de mandato. Después del fracaso electoral de la oposición en las elecciones presidenciales de 2018, Washington lideró una importante campaña contra la reelección de Maduro, cuestionando la integridad del proceso electoral y apoyando al opositor Juan Guaidó, quien con el respaldo de Washington y otras capitales occidentales se autoproclamó “presidente” de la república. Esta operación política supuso otro fracaso total, ya que Guaidó nunca llegó a tener ningún control sobre los asuntos del país.
La nueva administración demócrata de Joe Biden abandonó a Guaidó en un intento por aliviar las tensiones con Caracas y compensar los suministros de petróleo tras la imposición de un bloqueo estadounidense-occidental a Rusia en 2022, que provocó una crisis mundial energética en Occidente. Funcionarios de la administración Biden se reunieron con sus homólogos venezolanos el año pasado en Doha y discutieron el principio de levantar las sanciones estadounidenses y occidentales contra la industria petrolera de Venezuela, a cambio de que el gobierno de Venezuela garantizara a la oposición una oportunidad de presentarse a elecciones presidenciales justas en 2024. El resultado de la reunión de Doha hizo maravillas al impulsar las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, que culminaron con un acuerdo a fines del año pasado para celebrar elecciones el 28 de julio sujetas a monitoreo internacional.
Tras ese acuerdo, la administración Biden levantó la prohibición de la negociación de algunos bonos venezolanos, alivió algunas sanciones al sector petrolero venezolano durante seis meses y prometió liberar algunos de los activos incautados si el gobierno de Caracas cumplía con sus compromisos. Pero Washington no cumplió sus promesas, volvió a imponer sanciones y no liberó ningún activo incautado.
Los observadores venezolanos no dieron credibilidad a las posibilidades de victoria del candidato opositor, destacando la existencia de una sólida base de apoyo al chavismo en el país, a pesar de todos los efectos de las sanciones estadounidenses. Esta base se movilizó el 28 de Julio otorgando una contundente victoria a Maduro y mostrando la vitalidad y energía de la Revolución Bolivariana.
